MOMENTO DE AUSTERIDAD FISCAL

El FMI supervisa la evolución de las cuentas fiscales y evalúa las metas de cumplimiento de reducción del gasto corriente. Ha llegado la hora de la verdad para el anunciado plan de austeridad de la nueva administración

Desde hace años se viene denunciando el exceso de gasto público, y la existencia de una nómina supernumeraria en el Gobierno. Las anteriores autoridades, ante la avalancha de críticas en este sentido, decidieron nombrar una comisión para que rindiera un informe con recomendaciones para la adecuación del personal de la administración pública.

Dicho informe que fue presentado en mayo del 2003, y que nunca fue tomado en cuenta, pudiera ser útil en estos momentos si las nuevas autoridades así lo quisieran, puesto que muchas de sus recomendaciones ayudarían a lograr las metas de reducción de gasto que exige el FMI para reanudar el acuerdo.

A pesar de que el pasado 28 de septiembre fue finalmente convertido en ley el proyecto de reforma fiscal, sabemos que su aprobación no basta para cubrir el déficit fiscal existente. Es por esta razón que el FMI está supervisando la evolución de las cuentas fiscales y evalúa las metas de cumplimiento de reducción del gasto corriente. 

Ha llegado la hora de la verdad para el anunciado plan de austeridad de la nueva administración.  Si la percepción generalizada de que los gastos de servicios de personal no han sido reducidos es cierta, deberán realizar rápidamente los ajustes necesarios para llevar la nómina a los niveles de agosto del 2000 y alcanzar el mínimo de un 20% de reducción de gastos anunciado por el presidente Fernández.

Esta fue precisamente una de las sugerencias del referido informe de la Comisión de la Nómina Pública.  Parecería fácil para las nuevas autoridades ajustar sus empleados a los que tenía al finalizar su pasada gestión, pero no lo es. 

El clientelismo político hace que los que suben tengan que pagar con empleos a aquellos que colaboraron económicamente o se "fajaron" en la campaña. Lo más grave es que tanto esa comisión como el propio FMI hemos debido conformarnos con retrotraer la burocracia estatal a una fecha: agosto de 2000. 

La falta de información fidedigna hace que nadie sepa con exactitud cuántos empleados públicos existen y cuántos estarían de más.  El único referente ha sido una expresión de un pasado secretario de Finanzas: la administración tenía 125 mil empleados de más.

Esto contrasta con la precisión con que Martín Torrijos, nuevo Presidente de Panamá, expresó su preocupación por haber heredado una nómina estatal de 189 mil funcionarios, de los cuales 49 mil estaban de más.

Por eso sigue siendo válida otra sugerencia del referido informe, que recomienda establecer un registro único de personal de la administración pública que constituya una base de datos confiable y transparente.

Otras recomendaciones que podrían ser valiosas son el establecimiento de un mecanismo obligatorio de notificación de fallecimiento de empleados para ser retirados de la nómina, y la obligatoriedad para todo funcionario o empleado público de presentar una declaración jurada de cargos permanentes, debiendo escoger uno de ellos en caso de pluralidad en un plazo de 30 días, o de lo contrario el Estado procedería a elegir por ellos.

Estas y otras recomendaciones podrían ser extraídas de dicho informe, así como de otros estudios realizados.  Es importante que las autoridades demuestren que sabrán cubrir su cuota de responsabilidad y logren reducir en un 1.5% del PIB el gasto fiscal. 

La reforma tributaria ya está aprobada, pero no basta.  El turno es ahora para la austeridad fiscal.

El Caribe
Jueves 7 de octubre, 2004